Esquema:

TEXTO ACTUAL 
Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia
religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. [...]

TEXTO REFORMADO

Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones
éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en
su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de
participar, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de
culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta  penados por la ley.
[...]

GRAVES CONSECUENCIAS JURÍDICAS

1. LIBERTAD DE CONVICCIONES ÉTICAS

• Sólo protege las convicciones que se consideren «éticas», pero no las convicciones que se consideren «no éticas».
• ¿Cuáles convicciones son éticas? Al ser la sociedad mexicana plural, no existe una concepción ética uniforme. ¿La eutanasia, la clonación, el aborto, etc., son o  no convicciones éticas?

• El Estado tendrá que definir que convicciones son éticas, pero al hacerlo se convertirá en juez de las convicciones personales.
• Por ejemplo: no es lo mismo libertad de prensa que libertad de prensa ética, porque esta última pone en manos del Estado la calificación de la prensa. Lo mismo sucederá en el caso de las convicciones éticas.
• Sólo los Estados totalitarios pretenden calificar las convicciones de la población.

2. LIBERTAD DE CONCIENCIA

• Establecer libertad de convicciones éticas y libertad de conciencia es un contrasentido, porque la primera anula a la segunda, lo que atenta contra la dignidad humana. También estarían dadas las condiciones para el abuso de la objeción de conciencia, por parte de los funcionarios públicos.

3. LIBERTAD DE RELIGIÓN

• En su Dictamen, la Cámara de Diputados consignó la intencionalidad de esta reforma:  “Con estas premisas es posible entender la necesidad de revisar el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el derecho a la libertad religiosa. Asimismo, a la luz de él se requerirá la reforma de los artículos 3º, 5º, 27 y 130…
• Sin embargo, por el momento sólo existen condiciones para la reforma al artículo 24…”

4. CONTRADICCIÓN DE DICTÁMENES

• Los dictámenes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República son  contradictorios.
• Los Diputados afirman que la reforma del artículo 24 constitucional requerirá reformar la educación laica (artículo 3º constitucional) y el Estado laico (artículo 130 constitucional).
• Por el contario, los Senadores dicen que no se requiere reformar los artículos 3º y 130. ¿Cuál de los dos dictámenes prevalecerá?
• Estos dictámenes  contradictorios ponen en peligro nuestras libertades.

5. LA REFORMA DEL ARTÍCULO 3º CONSTITUCIONAL

• En toda reforma legal, la nueva norma jurídica debe ser coherente con los demás artículos.  Con mayor razón en el caso de una reforma constitucional.
• No obstante, las Cámaras de Diputados y de Senadores, no armonizaron el texto del artículo 3º constitucional, con la iniciativa de reforma del artículo 24.
• El artículo 3º constitucional, en su fracción I dice que el artículo 24 garantiza la libertad de creencias.  Sin embargo, con la reforma del artículo 24 desaparecerá tal libertad. Si no se armonizan los textos de ambos artículos, se generará una incoherencia constitucional 

Publicado en: http://forocivicomexicolaico.org/2012/

Las oficinas del DIF en Guadalajara. Foto: Rafael del Río

GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- El presidente de la organización FIND, Juan Manuel Estrada, que ha denunciado abusos contra infantes, se enteró el año pasado de que al menos dos funcionarios del DIF Guadalajara compraban sexo con menores de edad en la calle. En vez de difundir el caso como en otras ocasiones, se lo contó con “discreción” a los jefes de los presuntos responsables y al alcalde Aristóteles Sandoval, quienes previsiblemente los dejaron impunes.

El alcalde de Guadalajara con licencia y candidato del PRI al gobierno del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; su contralor, Francisco Morales Aceves; la exdirectora del DIF tapatío, Bertha Hernández de Ruvalcaba, y el presidente de la Fundación para Niños Robados y Desaparecidos (FIND, por sus siglas en inglés), Juan Manuel Estrada Juárez, encubrieron a un par de funcionarios municipales en presuntos actos de pederastia.

Personal de la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara entregó a Proceso Jalisco la copia de un correo electrónico que envió Estrada Juárez al contralor Morales Aceves el 28 de junio de 2011. El texto, donde el autor señala a dos funcionarios de incurrir en delitos sexuales contra menores, le llegó primero a Bertha Hernández y en seguida a Jorge Aristóteles Sandoval, pero a nueve meses de su envío, no sucedió nada.

A las 15:15 del 20 de junio de 2011, el presidente de FIND, Juan Manuel Estrada –quien ha denunciado muchos casos de maltrato, robo o desaparición de menores y adopciones ilegítimas–, le mandó el mencionado correo a la entonces directora del DIF Guadalajara, Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba, para advertirle que dos de sus funcionarios contratan servicios sexuales con menores de edad.

Uno de los funcionarios señalados es José Ramón Aldana González, en ese tiempo director administrativo del DIF Guadalajara y que desde el pasado 1 de febrero dirige el área correspondiente de la Secretaría de Obras Públicas del municipio.

Durante el rectorado de Carlos Briseño Torres (2007-2008), Aldana González se hizo cargo de la coordinación de Ingreso, Promoción y Seguimiento del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cobra 17 mil 860 pesos mensuales como profesor e investigador B en el Departamento de Ingeniería Química de la casa de estudios, mientras que en el ayuntamiento tapatío percibe 46 mil 378 pesos brutos.

El otro funcionario presuntamente involucrado en la prostitución infantil es Miguel Ángel Puga Aguinaga, quien como jefe del Departamento de Conservación de Inmuebles y Servicios Generales del DIF tapatío gana 31 mil 850 pesos mensuales.

En dicho correo el presidente de FIND le dice textualmente a Hernández de Ruvalcaba:

Estimada Profesora, la semana pasada me comuniqué con su secretaria buscándola para tratarle un delicado asunto que me fue reportado por unos menores, desafortunadamente no pudimos hacer contacto por compromisos del suscrito en la ciudad de México referentes al tema del Consejo Estatal de la Familia que hemos ventilado desde hace un tiempo, pero dada la gravedad de los acontecimientos y por la amistad que me une con muchos funcionarios del dif Guadalajara decidí no hacer formal denuncia del hecho para evitar un mayor escándalo.

En síntesis un grupo de jóvenes masculinos adolescentes y menores de edad muchos de ellos, que prestan sus servicios sexuales en varios lugares de la ciudad de Guadalajara principalmente en el área de la universidad de Guadalajara y del centro histórico me han manifestado que varios empleados de unas oficinas que están por López Mateos en el centro de la amistad donde hay muchas banderas los frecuentan regularmente.

Esto no tendría nada de trascendencia si fueran mayores de edad, pero como en varios casos se trata de jóvenes menores de edad involucrados con aparentes funcionarios públicos que tienen al cuidado el manejo de menores, considero de suma preocupación hacerle de su conocimiento estos hechos, se trata de dos personas masculinas con las siguientes características:

Se trata de dos varones, el primero entre 30 y 32 años de edad alto de compleción atlética pelo corto que conduce un automóvil compacto Ford color gris con placas con terminaciones jf 028 y que los lleva a una casa por la vidriera Guadalajara donde está un templo y comentan los menores que esta persona ya fue asaltada hace unos meses por otro adolescente apodado el Jimy el cual por manchado le propicio una golpiza y lo asaltó.

El otro varón es mucho mayor como de 50 años o más, sin pelo también delgado con barbilla canienta vive por el rumbo de Zapopan conduce una camioneta de color como gris oscuro o azul con placas JNN 64755. Los datos de las placas de los automóviles no son exactos pero me aseguran que son sus inicios o sus terminaciones pero que estos menores pueden identificarlos plenamente.

Juan Manuel Estrada le indica a la exdirectora que está a sus órdenes para cualquier aclaración e incluye su número de teléfono celular. El mismo día el autor de la misiva le envió ese correo al presidente municipal, ahora con licencia y aspirante al gobierno del estado por el PRI, Jorge Aristóteles Sandoval. La única diferencia fue la hora: 18:55.

La copia del contralor municipal, Francisco Javier Morales Aceves, está fechada el 28 de junio de 2011 a las 9:34 horas.

Al correo se anexa un organigrama de la dirección administrativa del DIF Guadalajara, donde aparecen las fotografías de Aldana y de Puga. Tiene un pie de foto: “Ilustración 1 Miguel Ángel Puga, es el fulano que vive por la vidriera de Guadalajara cerca de un templo y fue asaltado hace unos meses por levantar menores, lo asaltaron golpearon y le robaron un auto compacto marca ford K”.

Sobre José Ramón Aldana dice: “Este también es señalado y vive por el rumbo de Soriana que está en el Periférico rumbo hacia Río Blanco”.

Omisiones o encubrimiento

Estrada Juárez ha presentado, sobre todo durante los gobiernos panistas, numerosas denuncias por adopciones ilegales, tráfico de menores, abuso de autoridad y desvío de recursos públicos. Proceso Jalisco le preguntó por qué no presentó una denuncia formal e hizo público el caso, como suele hacerlo.

El presidente de FIND se justificó: “Yo hice del conocimiento de la autoridad y de los jefes de lo que estaba pasando. La instrucción de la señora Lorena (Arriaga, esposa de Aristóteles Sandoval) fue que se actuara y derivó la responsabilidad a la directora”. Afirmación que contradice a su correo, donde escribió: “…decidí no hacer formal denuncia del hecho para evitar un mayor escándalo”.

Reitera: “Lo que sí me quedó muy clara fue la preocupación de la señora Lorena Arriaga, quien dijo que no podía soportar ni solapar eso y le encargó a la directora que hiciera la investigación correspondiente”.

Según el entrevistado, después de enterarse de los señalamientos de los jóvenes, se cercioró de que fueran reales y cumplió con su “obligación civil” de informar a los superiores de los funcionarios sobre su enredo sexual con menores. “Les dije lo que pasa y que pusieran un remedio”, recalca.

Añade que no puso la denuncia en la procuraduría estatal porque no tenía elementos: “La víctima no quiso denunciar. Es un nómada, gente de la calle. Apenas cumplió 18 años, y eso (tener relaciones sexuales con el funcionario) fue cuando tenía como 16 años y medio, más o menos”.

El otro motivo para no denunciar los hechos en la dependencia, dice, es que no confía en su titular, Tomás Coronado Olmos, pues el procurador no investigaría un caso que se “trata de un tema mío”.

A partir de su denuncia, asegura Estrada Juárez, se reunió dos veces con Hernández de Ruvalcaba. En la primera le informó de los hechos, pero “la directora tenía duda de las acusaciones y decía que alguien estaba inventando, (por lo cual) quedó de hacer una investigación”.

Ya en el segundo encuentro, dice, Hernández de Ruvalcaba le informó que Miguel Ángel Puga “había reconocido que eran ciertos los hechos (…) De la investigación que ella hizo, hay un reconocimiento tácito del robo del auto y de llevarse a las personas. Lo que me extraña es que no haya hecho nada, si hay una confesión de parte”.

Estrada Juárez menciona que en la segunda junta la directora le comentó que “había cosas que no le cuadraban, que por los domicilios… que si se había cambiado… Yo le dije que no lo sabía (…) El asunto se me hizo muy grave, primero porque fue gente del DIF, y después por lo que implica toda esa gente”.

En su opinión, la entonces directora del DIF Guadalajara fue omisa y por lo tanto es la única responsable de que no se haya castigado a los funcionarios. “Si estuvo enterada, debió suspenderlos mientras eran peras o manzanas, pero les concedió el beneficio de la duda. Yo creo que por eso fue el cambio de llevárselo (a José Ramón Aldana) a otra dependencia”.

El presidente de FIND comenta: “Siento que enfriaron el tema”. Al respecto, señala que invitó a la funcionaria a visitar a los menores para que conociera la información de primera mano, pero ella no fue. Incluso acordaron reunirse nuevamente, pero la funcionaria “no me volvió a llamar”.

Añade: “Desde ese tiempo estoy tratando de conseguir la averiguación previa. Lo que me extraña es que la procuraduría no haya seguido otra línea de investigación, si te están diciendo que está levantando prostitutos, debieron averiguar su edad, cómo eran. A él (Puga) le roban la cartera, lo amarran, lo despojan de todo, hasta del coche. Miguel Ángel dice que salió en la noche y que levantó una gente, pero no dice que es menor de edad, pero yo sé que es menor de edad y ese el problema”.

Según su versión, Estrada Juárez se enteró apenas el pasado martes 10 de la denuncia que presentó Puga ante la procuraduría local, la cual originó la averiguación previa 1824/2010.

Finalmente el presidente de FIND “garantiza” que ahora que conoce el número de averiguación previa donde Puga narra los hechos, presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) “para que investiguen”.

El aspirante presidencial, Enrique Peña Nieto en la CEM. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En plena campaña electoral, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los tres principales aspirantes a la Presidencia, se “arrodillaron” ante la jerarquía católica para “rendir cuentas” a los obispos sobre sus posturas en temas polémicos, como el derecho al aborto, las uniones de parejas del mismo sexo y la libertad religiosa.

En busca de la aprobación del alto clero y para captar el “voto católico”, los candidatos colocaron como moneda de cambio los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y los derechos de las personas homosexuales, denunciaron organizaciones civiles.

Ante la “fragilidad del Estado laico” alarma que quienes pretenden gobernar el país “se arrodillen” frente a la cúpula clerical, que insiste en mirar a las mujeres como incapaces de decidir sobre sus cuerpos y vidas para mantenerlas en “cautiverio”, acusó María de la Luz Estrada, coordinadora del Programa de Violencia de Género y Derechos Humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

La activista añadió que con sus pronunciamientos en la CEM, Vázquez Mota, Peña Nieto y López Obrador olvidaron que “gobernar va más allá de sus creencias”.

A puerta cerrada, ante más de un centenar de obispos y arzobispos, Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional (PAN), sin tapujos, rechazó el aborto legal, las uniones entre personas del mismo sexo, y se pronunció a favor de la libertad religiosa, en plena coincidencia con la agenda moral que pretende imponer la Iglesia como política pública en el país.

En el pleno de la CEM, la panista enunció categórica: “Estoy en contra del aborto”; “yo vengo de un matrimonio conformado por un padre y una madre, por un hombre y una mujer. Es el único matrimonio que conozco y el único que defenderé”.

La imposición de una “moral única” (la católica) en un Estado plural y diverso, como México, representa un acto violatorio a los Derechos Humanos (DH) de la ciudadanía que no comparte tales dogmas religiosos, a pesar de profesar esa religión, advirtió en conferencia de prensa Julián Cruzalta, teólogo asesor de CDD.

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Católica realizada en 2010, el 64% de la feligresía rechaza la intervención de la Iglesia en políticas públicas, particularmente las relacionadas con los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la abanderada panista parece ignorar la opinión de las mayorías y el respeto a los derechos humanos. Su posición se asemeja a la que ayer adoptó Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al pronunciarse sobre estos temas en la CEM.

El representante del PRI, alineado, se pronunció en contra del aborto legal y a favor de la libertad religiosa, aunque omitió su posición acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Contradicciones

Sin reparo, los dos aspirantes cayeron en contradicciones en su intento por ganar el aval de la CEM. Aunque rechazaron categóricamente que las mujeres accedan al aborto legal, Vázquez Mota y Peña Nieto dijeron que se oponían a que fueran criminalizadas.

Su oposición sobre el aborto no sorprende: Entre 2008 y 2010, la mancuerna PRI-PAN posibilitó la penalización de la interrupción del embarazo en 17 entidades federativas. Argumentaron que la vida debe de protegerse “desde la concepción-fecundación”.

Lo inquietante es que simultáneamente rechacen la criminalización de las mujeres, cuando las reformas a las constituciones locales que aprobaron mantienen presas a ciudadanas por interrumpir un embarazo en al menos 11 estados del país, según datos de la organización guanajuatense Las Libres.

“Yo estoy a favor de la vida. Pero eso sí, también estoy en contra de que se criminalice a las mujeres sólo por el hecho de que decidieron interrumpir sus embarazos”, refirió el candidato del tricolor.

Pese a sus divergencias, PRI y PAN nuevamente coincidieron en su apoyo a la libertad religiosa, la cual implicaría cambios constitucionales que permitirían la instrucción religiosa en las escuelas públicas, que la cúpula clerical adquiera medios masivos de comunicación, y que sus representantes ocupen cargos públicos.

Contrario al respaldo expresado por Vázquez Mota y Peña Nieto a esta iniciativa, 70% de las y los feligreses no están de acuerdo en que ministros de culto ocupen cargos de elección popular; 67% se rechazan que opinen sobre asuntos políticos, y 66% se oponen a tengan medios de comunicación.

Izquierda a modo

En tanto, el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una cómoda posición y guardó silencio ante un escenario de violación a los derechos de las mujeres y de las parejas del mismo sexo, así como de la transgresión de la laicidad del Estado mediante la “creciente” injerencia de la jerarquía católica en política.

“De convertirme en jefe de Estado yo no voy a ser autoritario, no voy a imponer nada. Estos temas delicados los someteré a consulta popular”, dijo el representante del Movimiento Progresista el miércoles pasado durante su intervención ante la CEM.

Abundó: “Yo seré muy respetuoso del Poder Legislativo y del marco legal. Para llevar a cabo esas reformas en materia de libertad religiosa es necesario realizar antes las consultas pertinentes.”

Con ello, López Obrador “olvidó” que los derechos humanos se reconocen y se respetan, no se ponen a consulta ciudadana, señaló el exlegislador Alfonso Suárez del Real, integrante de la organización República Laica.

Criticó que la comparecencia de los candidatos ante el Episcopado Mexicano se haya efectuado luego de que Felipe Calderón y los aspirantes se postraron ante el Cristo Rey del Cubilete, en Guanajuato, durante la visita del Papa Benedicto XVI, a quien también rindieron pleitesía.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, llamó a quienes aspiran a gobernar el país a tener presente la reforma constitucional que garantiza en la constitución la progresividad de los derechos humanos.

El compromiso de los aspirantes presidenciales debe estar encaminado a garantizar plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las parejas del mismo sexo. En este sentido, deben responder “¿Qué van a hacer para cerrar la desventaja que afrontan estos grupos?”, cuestionó el activista.

En principio, abundó, están obligados a respetar la laicidad del Estado, ya que “sólo en un Estado laico son posibles los Derechos Humanos”.

En el patio de la casa ubicada en el centro de la Villa Alfarera, los mariachis se instalaron y como todo una tradición, en punto de las 6 de la mañana comenzaron a entonar las mañanitas

El procurador del Estado, Tomas Coronado Olmos, acudió a la casa de Sandoval Íñiguez para darle el abrazo por su cumpleaños.

Al abrir la puerta interior de la residencia salió Sandoval Íñiguez. El hombre de piel blanca y mejillas rosadas, que hace unos meses mostraba un estado de salud deteriorado, ahora luce vigoroso, entusiasta, amable y hasta un tanto bromista.

Mientras que el mariachi y la banda de niños de Yahualica se turnaban para interpretar alguna canción en honor al Cardenal Sandoval, éste era apapachado por amigos, religiosas y sacerdotes que se dieron cita al festejo.

Minutos antes de las 07:00 horas y en presencia del nuevo Cardenal Francisco Robles Ortega, Sandoval Íñiguez ofició la celebración eucarística con la cual agradeció sus años de vida.

En la homilía, hizo una remembranza de la visita del Papa Benedicto XVI, quien pasó el fin de semana en nuestro país. Reconoció al pueblo mexicano como una sociedad que tiene la capacidad de aceptar y aguantar cualquier condición para estar junto al Papa.

”Me llamó la atención la capacidad de la gente, como es que aguantan, llegamos el viernes como a las 11 de la mañana, y ya había muchos jóvenes en las vallas por donde iba a entrar el Papa por la tarde. Había desde el viernes y desde el sábado mucha más gente en el Parque Bicentenario, y ahí pasaron la noche”.

También, en ese momento, Sandoval Íñiguez hizo referencia a la impuntualidad del mexicano, señalando que quienes tienen el principal problema son los políticos, y en tono de broma, recordó una ocasión donde un gobernador lo invitó a un evento que era una comida y él decidió irse comido porque conocía de la impuntualidad en la que iniciaban los eventos.

”El Papa venía desde Roma y llegó a tiempo, menos al último que se tardó tres cuartos de hora para salir porque no se quería ir de México”.

Señaló también de manera directa al candidato al Gobierno del Estado por el Partido Acción Nacional, Fernando Guzmán Pérez Peláez, en tono de burla, también por su impuntualidad, pues éste no llegó a tiempo para darle el abrazo.

Entre los asistentes se destaca la presencia de los únicos priistas, Miguel Castro y Francisco Ayón, acalde de Guadalajara; por parte de los panistas estuvo Fernando Guzmán, el procurador del Estado, Tomás Coronado Olmos, Jesús Barbosa y Leonardo García Camarena, funcionarios de la Secretaría de Planeación

El Cardenal ofreció su tradicional desayuno a todos los asistentes que consistió en fruta, el plato fuerte fue frijoles con carne con chile, de beber café y chocolate.

Links: http://tomascoronadoolmos.com/blog/2012/04/12/el-procurador-del-estado-tomas-coronado-olmos-acudio-a-la-casa-de-sandoval-iniguez-para-darle-el-abrazo-por-su-cumpleanos/

Link: http://www.tomascoronadoolmos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=

La iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional contiene tres libertades en concreto: a). Libertad de convicciones éticas; b). Libertad de conciencia y, c). Libertad de religión

Libertad de «convicciones éticas».

Un problema inicial es que la «libertad de convicciones éticas» no protege a todas las convicciones, sino que excluye a las convicciones que se consideren «no éticas»: mientras que las primeras estarán amparadas constitucionalmente, las segundas carecerán de tal protección. Pero la distinción entre «convicciones éticas» y «convicciones no éticas»
generará serios conflictos, porque no existe un orden ético uniforme o único. Por ejemplo, mientras que para algunos la eutanasia es una convicción ética, para otros no lo es; y lo mismo se puede decir de la fertilización in vitro, la maternidad sustituta, el aborto, las transfusiones sanguíneas, la investigación con células madre, la clonación, etc.

¿Se encuentran estos dilemas amparados o no por la libertad de convicciones éticas?

Esto nos conduce al problema central: el Estado tendrá que resolver, por conducto de sus órganos competentes, si tales cuestiones son o no convicciones éticas. Pero al hacerlo, el Estado estará, primero, invadiendo un campo que le está vedado: la conciencia o ética individual y, segundo, definiendo una ética oficial o constitucionalmente protegida. La
intromisión del Estado en las convicciones o creencias de la población, con la pretensión además de calificarlas de «éticas» o de «no éticas», es una aberrante agresión a la conciencia personal, propia de un Estado totalitario. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano ya no sólo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora decidirá, además,
lo éticamente válido; en efecto, ya no sólo tendrá el monopolio de lo jurídico, sino también el monopolio de lo ético.

¿Corresponde al Estado mexicano decidir si las convicciones o creencias de la población son éticas o no, a fin de proteger sólo las primeras y dejar sin cobertura constitucional a las segundas?

¿Compete al Estado establecer una ética oficial o constitucionalmente protegida, y excluir otras concepciones éticas?

¿Sólo tendremos los mexicanos libertad para poseer las convicciones que el Estado califique de «éticas», pero no para tener las creencias que el Estado considere «no éticas»?

¿Conforme a qué patrón ético calificará el Estado nuestras convicciones?

Muy distinto sería que el artículo 24 constitucional garantizara la «libertad de convicciones» (de todas las convicciones mientras permanezcan en el fuero interno o conciencia del ciudadano), pero no la «libertad de convicciones éticas» (porque entonces se pone en manos del Estado la facultad de calificar nuestras creencias, y de proteger sólo
aquellas que el propio Estado decida que son éticas).

Al final, un Estado que se arroga la facultad de decidir si las convicciones o creencias de los ciudadanos son o no éticas y, con base en ello, determinar si las protege o no, deja de ser un Estado de Derecho y se convierte en un Estado totalitario.

Que Felipe Calderón Hinojosa no haya besado en público el anillo papal –como lo hizo Vicente Fox Quesada cuando recibió a Juan Pablo II en el hangar presidencial de la Ciudad de México, en el año 2002– no signi? ca que el Estado laico haya salido indemne en la reciente visita de Benedicto XVI a Guanajuato. Los mexicanos hemos sido testigos de que antes y durante la misa papal se cometieron, entre otras, las siguientes violaciones
a la laicidad del Estado mexicano:

1) el uso indiscriminado de recursos públicos para la recepción del papa;

2) la participación de Calderón en la misa multitudinaria;

3) la inclinación de éste ante Ratzinger para recibir la comunión;

4) el beso del gobernador guanajuatense, Juan Manuel Oliva, al anillo papal;

5) la presencia de todos los aspirantes presidenciales en la misa papal, celebrada en
el Parque Bicentenario de Silao.

Calderón quiso pasar a la historia como el primer mandatario mexicano que recibe en público la comunión, y lo logró. Hace 10 años, su antecesor en la Presidencia besó el anillo de Karol Wojtyla, aunque no pudo comulgar en la misa de beati? cación de Juan Diego, debido a que su matrimonio con Martha Sahagún no era reconocido por la Iglesia católica:
ambos estaban divorciados de sus anteriores parejas.

La inclinación del presidente Calderón ante el papa para recibir la comunión, exhibió, por un lado, su franco desacato al artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y, por el otro, la sumisión y pleitesía de un jefe de Estado ante otro jefe de Estado. Este acto, aparte de constituir una ? agrante violación a la ley antes mencionada, resultó
ofensiva para un pueblo religiosamente plural como el nuestro. Las cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 indican claramente que en México más de 20 millones de personas se declaran no católicos. Por respeto a nuestras leyes y a la actual composición plurirreligiosa del pueblo mexicano, el presidente de México debió haberse abstenido de manifestar su fe público en el desarrollo de la misa papal. Nadie niega su derecho de profesar en el ámbito privado la confesión religiosa de su preferencia; lo que no puede ni
debe hacer, como primer mandatario de la nación, es participar públicamente en ceremonias de carácter religioso, olvidando su condición de representante de un Estado que, por mandato de ley, es laico. Por ningún motivo puede someter a los ciudadanos de esta nación al jefe de la institución religiosa a la que él pertenece.

El presidente Calderón violentó una vez más el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Violación similar cometió el gobernador Juan Manuel Oliva al derrochar –al igual que los alcaldes de León, Silao y Guanajuato– recursos públicos para recibir a Benedicto XVI, situación que generó inconformidad en algunos sectores de la población, además de evidenciar el compromiso e incondicionalidad de los grupos conservadores de la extrema derecha, con el principal jerarca del catolicismo a nivel mundial. Oliva quebrantó la ley al besar el anillo del papa, soslayando intencionalmente el hecho de que México es un
Estado laico. Nadie cuestiona la creencia religiosa del gobernador guanajuatense, sino su menosprecio público a la Constitución y a las leyes que regulan la actuación de las autoridades en materia religiosa.

La presencia de todos los aspirantes a la Presidencia en la misa papal es también violatoria de la ley y del Estado laico. Algunos de ellos a? rman una cosa y enseguida hacen todo lo contrario. Me re?ero al caso específico de Enrique Peña Nieto, quien primero ofrece mantener una actitud de defensa al Estado laico y de respeto a las distintas iglesias,
y luego se presenta en la misa papal sin el más mínimo respeto a la ley.  Josefina
Vázquez Mota no se limitó a hacer acto de presencia en la misa papal, sino que también comulgó, imitando el ejemplo de Calderón.

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que el Papa no iba “a intervenir en lo absoluto en la vida interna de México“, a través de su Secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, sí intervino en la vida interna de México. Lo hizo cuando, sin el más mínimo respeto a la soberanía nacional, pidió que se a?ance en México la libertad religiosa, armando que “ese derecho fundamental del ser humano va mucho más allá del mero culto”. Las declaraciones del cardenal sobre la reforma del artículo 24 constitucional violan el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, mismo que fue establecido por Benito Juárez desde mediados del siglo antepasado.

Todo parece indicar que el llamado de Bertone en su estancia en Guanajuato produjo efecto en la mayoría de los senadores de la República, quienes aprobaron –de espaldas a la nación y a puerta cerrada– la reforma del artículo 24 constitucional, modi? cación que abre
la puerta a futuras modi? caciones que permitirán que en las escuelas públicas se imparta educación religiosa y que las “iglesias” cuenten con medios de comunicación.

La figura de Juárez se agiganta cuando observamos a los legisladores y a una clase gobernante rendida a los pies de un poder extranjero, permitiendo la intromisión del Vaticano en asuntos internos de México, los cuales son competencia exclusiva de los mexicanos. Es inaceptable que nuestros políticos le hayan permitido a Bertone dirigir un mensaje violatorio de la soberanía nacional, que echa por tierra el inmortal apotegma de Benito Juárez: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Si esto hubiese ocurrido en el tiempo del Benemérito de las Américas, el rechazo a la intromisión vaticana hubiera sido inmediato.

¡Cuánta falta nos hace Juárez!

Un grupo integrado por víctimas de sacerdotes pederastas gestiona una reunión privada con el Papa Benedicto XVI para hablar con él durante la visita que realizará a Guanajuato del viernes 23 al lunes 26. Su objetivo es informarle que el episcopado mexicano “protege” y “solapa” sistemáticamente a sus curas pederastas, lo cual afecta a la feligresía y viola los lineamientos del Vaticano.

El pasado viernes 16 las víctimas entregaron a la nunciatura apostólica en México su petición de audiencia con Joseph Ratzinger, esperanzadas en que una orden papal logre por fin hacerles “justicia” y “castigar” a los sacerdotes violadores mexicanos que siguen delinquiendo con total impunidad.

Joaquín Aguilar, quien encabeza el grupo y dirige en México la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), revela a Proceso:

“Acabo de entregar personalmente a la nunciatura la solicitud de audiencia con el Papa. Le quitaremos poco tiempo; en media hora podremos exponerle nuestras quejas, pues sabemos que andará muy ocupado”.

–¿Considera probable que el Papa los reciba?

Sí, es casi seguro, ya que en sus últimos viajes a varios países ha dialogado con víctimas de abuso sexual. Por lo general las recibe fuera de su agenda formal. Estas reuniones privadas ya se han convertido en la tónica de sus viajes. Quizá las realiza porque intenta lavar la mala imagen que la pederastia le dejó a la Iglesia.

“Si hace esto en otros países con mayor razón en México por ser la tierra de Marcial Maciel, que a nivel mundial es considerado el principal exponente del sacerdote pederasta y depredador. Aquí se formó y aquí empezó a crear a los Legionarios de Cristo. Incluso sus restos están en México. Por eso tengo la seguridad de que el Papa nos recibirá. Le serviría para mandar un mensaje de que está dispuesto a limpiar la Iglesia”.

–¿Y qué le plantearán al Papa durante la reunión?

En lo personal no le expondré mi caso ya que es muy conocido. Eso sería perder el tiempo. Más bien le informaré sobre la grave situación de la pederastia sacerdotal en México, que ha proliferado debido al encubrimiento y a la complicidad de la cúpula eclesiástica. Tan pronto se denuncia un caso, el Obispo teje toda una red de complicidades para proteger a su sacerdote.

“Hasta el momento, que yo sepa, ningún sacerdote mexicano ha sido arrestado por abuso sexual, siendo que hay muchos. Claro, esto depende de las autoridades civiles. Pero las eclesiásticas impiden en buena medida que estos abusos lleguen a ser juzgados por aquéllas. Y no sólo eso, la Iglesia incluso emprende un linchamiento social contra nosotros las víctimas.

“Mi caso es muy representativo. El Cardenal Norberto Rivera protegió durante años a su párroco Nicolás Aguilar que abusó de mí y de muchos otros niños. Y todavía sigue libre gracias a esa red de complicidades. Llevo 18 años tratando de que se le castigue y no he conseguido absolutamente nada. En la misma situación están las demás víctimas. Lejos de conseguir justicia, somos blanco del escarnio y la humillación. Marcelino Hernández, quien era Obispo auxiliar de Rivera Carrera, decía burlonamente que de qué nos quejábamos, si a muchas víctimas ni siquiera las habían penetrado los sacerdotes”.

–¿Quiénes lo acompañarán a la reunión con el Papa?

Por lo pronto, ya hay otras tres víctimas que irán conmigo. Otras dos están por confirmar. A lo mucho seremos seis en total. No puedo mencionar sus nombres porque quieren mantener el anonimato, por su seguridad y la de sus familias.

“Sólo puedo decir que todos somos jóvenes; nuestras edades fluctúan entre los 25 y los 31 años, que son los que yo tengo. Todos sufrimos abuso sexual siendo niños: unos en el Distrito Federal, otros en Puebla y en el Estado de México”.

–¿Las otras víctimas le relatarán sus testimonios personales al Papa?

No lo sé. Estarán en libertad de exponerle brevemente lo que mejor les convenga. Respecto a mi caso, sólo denunciaré ante el Papa al Cardenal Norberto Rivera, para ejemplificar la protección que la jerarquía eclesiástica brinda a los párrocos pederastas.

Aguilar comenta que planean viajar a Guanajuato de manera muy discreta, pues temen ser agredidos entre la multitud de católicos que se congregará para ver al Papa y que quizá vea con desagrado sus denuncias contra el episcopado. A la cita acudirán en el mayor sigilo.

Añade que sólo esperan la respuesta del Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre, y su indicación sobre el lugar, día y hora en que los recibirá Benedicto XVI.

“Hay algunos lugares idóneos para el encuentro: la Catedral de León, alguna oficina de la Arquidiócesis o el Colegio Miraflores, donde descansará y pernoctará el Papa. No lo sabemos. La Nunciatura decidirá”, dice Aguilar.

–Sin embargo, el Nuncio acaba de adelantar que el Papa ni siquiera tocará el tema de la pederastia…

Eso lo dice para que el espinoso problema pase desapercibido, como hasta el momento ocurre. Pero por respeto a las víctimas el tema tiene que tocarse. Y con mayor razón en el País de Maciel. El mismo Papa lo está abordando abiertamente en sus viajes. Y no sólo eso, también implementa medidas muy severas para castigar la pederastia sacerdotal.

Aguilar se refiere sobre todo a una instrucción emitida en mayo de 2011 por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se exige a las conferencias episcopales de cada País que denuncien a sus sacerdotes pederastas ante las autoridades judiciales y, además, que les impidan ejercer su ministerio.

La instrucción dice textualmente:

“El abuso sexual de menores no es sólo delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieren en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias”.

El documento exige que “los miembros del clero sospechosos de pedofilia comparezcan ante las autoridades civiles competentes, siguiendo siempre las prescripciones de las leyes civiles”.

Luego de recordar que Benedicto XVI también endureció las penas canónicas contra los pederastas, el documento instruye a los episcopados nacionales para que incorporen estos lineamientos en sus respectivas directrices internas.

Y agrega: “Al encubrir a sus sacerdotes delincuentes, el episcopado mexicano desacata las mismas instrucciones del Vaticano. Este punto se lo quiero dejar muy claro al Papa”.

–¿Será el punto central del encuentro?

–Sí. Le diré que aquí no se cumplen sus ordenamientos y que las víctimas seguimos pidiendo justicia.

Un luchador social

De víctima, Aguilar pasó a ser un activo luchador social enfocado en combatir los abusos sexuales perpetrados por clérigos. En 1994, siendo un monaguillo de 13 años de edad en una parroquia del Distrito Federal, el sacerdote Nicolás Aguilar abusó de él. Sus padres pusieron una demanda por abuso sexual ante el Ministerio Público y también acudieron a instancias de la Arquidiócesis de México para que se castigara al violador. No lograron nada.

Con el tiempo empezaron a documentarse las alrededor de 86 violaciones contra niños cometidas por el padre Nicolás. Pero sobre todo la protección que le brindó Norberto Rivera Carrera desde mediados de los ochenta, cuando éste era Obispo de Tehuacán y el violador un párroco adscrito a su Diócesis.

Tan pronto se descubrían sus abusos sexuales, al padre Nicolás simplemente se le cambiaba de parroquia o de Diócesis: de Tehuacán pasó a la Arquidiócesis de Los Ángeles, California, donde violó a 26 niños y logró escapar de la Policía estadounidense; luego llegó prófugo a la Arquidiócesis de México para volver a delinquir; después regresó a la Diócesis de Tehuacán donde se supone que radica actualmente.

En su prolongada lucha por conseguir justicia, Joaquín estudió la carrera de derecho y se hizo miembro activo de la organización internacional SNAP.

En septiembre de 2006 demandó a Rivera Carrera por “encubrimiento” y “negligencia” ante la Corte de Los Ángeles. La demanda causó revuelo en México porque nunca antes la justicia estadounidense había puesto en el banquillo de los acusados a un prelado mexicano. El litigio aún continúa en una corte federal de Estados Unidos.

Actualmente, el joven Aguilar es el director de SNAP–México y está enfrascado en defender los derechos de las víctimas. Comenta sobre su trabajo:

“En los cinco años que llevo al frente de SNAP-México he logrado documentar ampliamente más de 130 casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes mexicanos contra menores de edad, sin contar los del padre Nicolás. Por fortuna, a muchos de esos niños los estamos enviando a terapia psicológica, dentro de la red de organizaciones humanitarias que hay en el País”.

–¿Usted supone que el Papa ayudará a resolver este problema?

¡Claro! Si es que realmente está dispuesto a hacerlo. Él es el jefe máximo de la Iglesia católica. Está muy por encima del Cardenal Rivera Carrera y de los demás obispos y arzobispos solapadores. Tiene el poder para sancionarlos y meterlos en cintura.

–Algunos consideran, sin embargo, que Benedicto XVI solapa esos abusos.

Sí, lo sé. Y por ese motivo hay contra él una demanda en la Corte Internacional de la Haya. Pero también es cierto que está obligado a resolver el problema, pues de lo contrario los fieles le perderán la confianza a la institución eclesiástica. Por lo pronto, el Papa se está acercando a las víctimas… Y eso debemos aprovecharlo.

Publicado en el Universal Martes, 14 de Marzo del 2012

El Universal, 14 de Marzo del 2012

Consecuencias jurídicas y problemas de interpretación

H. Cámara de Senadores
Senadores integrantes de las Comisiones
de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos
A la Opinión Pública

Todas las reformas constitucionales, pero especialmente aquellas que versan sobre derechos fundamentales, deben ser objeto de un amplio y escrupuloso estudio. La iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional –que el Senado de la República y sus Comisiones dictaminan en estos días–, generará graves consecuencias jurídicas y delicados problemas de interpretación, lo que repercutirá negativamente en nuestro sistema de libertades.

La iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional prevé tres libertades en concreto: a). Libertad de convicciones éticas; b). Libertad de conciencia y, c). Libertad de religión. ¿Cuáles serán las consecuencias jurídicas de esta reforma constitucional? ¿Qué problemas interpretativos generará?

• I. Del Estado de derecho al Estado «ético o moralista»: la libertad de convicciones éticas.

Un problema inicial será establecer el contenido esencial de esta libertad, que no es otro sino las convicciones éticas. Obsérvese que no todas las convicciones estarán protegidas por esta libertad, sino sólo las «convicciones éticas», lo que obligará a distinguir entre convicciones éticas y convicciones no éticas, a fin de identificar las convicciones que gozarán de protección constitucional y las que estarán al margen de tal protección.
Tal distinción generará enconados desacuerdos, porque las éticas individuales o concepciones morales no son uniformes. Por ejemplo, mientras que para algunos la eutanasia es una convicción ética, para otros se trata de una convicción éticamente reprobable; y lo mismo se puede decir de otros temas como el aborto, las transfusiones sanguíneas, la maternidad sustituta, las investigaciones con embriones, etcétera. ¿Se encuentran estos dilemas amparados o no por la libertad de convicciones éticas? Para responder, el Estado tendrá que decidir, por conducto de sus órganos competentes, si son o no convicciones éticas. Pero, en tal caso, el Estado estará entrando en un terreno vedado, la conciencia o ética individual, porque ya no sólo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora dictaría, además, lo éticamente válido.

En la medida que el Estado determine qué convicciones son éticas y cuáles no lo son (para poder establecer si están amparadas o no por esta libertad), estará definiendo una ética oficial o constitucionalmente protegida. Y el establecimiento de una ética oficial implicará la discriminación o, incluso, la cancelación de las éticas privadas distintas a la oficial. ¿Qué concepción o sistema ético asumirá el Estado como regla para definir qué convicciones contarán con protección constitucional? ¿La ética mayoritaria? ¿Es correcto constituir al Estado en juez de convicciones, facultándolo para decidir el carácter «ético» o «no ético» de una convicción? No es tarea del Estado establecer lo ético y lo no ético, sino sólo lo jurídico y lo antijurídico.

Por paradójico que parezca, la libertad de convicciones éticas degenerará en un Estado ético o moralista. Es decir, en la medida que se determine el contenido esencial de la libertad de convicciones éticas, México estará transitando de un «Estado de derecho» a un «Estado moralista», lo que implicará cambios de la mayor trascendencia: de decisiones jurídicas se pasará a decisiones éticas; el razonamiento jurídico será reemplazado por el razonamiento ético; del campo jurídico se pasará al campo de la ética o la moral; de tribunales de derecho se pasará a tribunales moralistas. El problema principal es que será el Estado quien tendrá ya no sólo el monopolio de lo jurídico, sino ahora también el monopolio de lo constitucionalmente ético.

Es verdad que todo sistema jurídico tiene una pretensión ética, pero se trata de lo que se ha identificado como la ética pública, que es la ética del Estado de derecho, de la democracia, de los derechos fundamentales, etcétera. Precisamente, la ética pública tiene como función central posibilitar las éticas privadas, que son entre sí diversas. Pero cuando el Estado define una ética como oficial y la impone a sus ciudadanos como la ética constitucionalmente válida, el Estado se erige en un ente totalitario. Al final de cuentas, el «Estado ético o moralista» no es sino una modalidad del «Estado confesional».

• II. Redundancia normativa: libertad de conciencia, libertad de convicciones éticas y libertad de manifestación de las ideas.

Indudablemente que la conciencia de todo individuo debe contar con el mayor nivel de protección jurídica. Sin embargo, es importante no perder de vista que la noción de «conciencia» es amplísima. ¿Cómo distinguir la «libertad de conciencia» de la «libertad de convicciones éticas» (con la salvedad de que sería preferible hablar de «libertad de convicciones», por las razones expuestas en el punto anterior) o, dicho de otra manera, qué acaso la libertad de convicciones éticas no se encuentra ya incluida en la libertad de conciencia? En razón de estas interrogantes, cabe subrayar que hablar de «libertad de convicciones éticas» y «libertad de conciencia» implica una redundancia normativa, puesto que la primera (libertad de convicciones éticas) se encuentra comprendida en la segunda (libertad de conciencia).
Pero la redundancia normativa se torna aún mayor si se tiene en cuenta el artículo 6º constitucional, que dispone que la “manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa…” ¿Cómo podrían distinguirse o qué diferencias existen entre la «libertad de manifestación de ideas», la «libertad de conciencia» y la «libertad de convicciones éticas»? Estamos aquí en presencia de libertades reiterativas.

• III. Una reforma constitucional privilegiativa: la libertad de religión.

Respecto a la libertad de religión es preciso plantearse las siguientes preguntas: primero, ¿quién promueve actualmente esta reforma constitucional? y, segundo, ¿con qué intenciones se promueve dicha modificación? Se ha pretendido que la reforma del artículo 24 constitucional es una exigencia de la sociedad, la que resultaría beneficiada –según afirman los promotores de dicha reforma– con el establecimiento de la libertad de religión. No obstante, la Conferencia del Episcopado Mexicano en su comunicado de prensa de fecha 7 de febrero de 2012, textualmente admite que la opinión pública “en su mayoría es ajena a esta y otras iniciativas de ley”. Dice, además, que “la iglesia católica ha estado impulsando esta reforma constitucional…” Es claro, pues, que la modificación del artículo 24 no es una demanda de la sociedad, sino una exigencia que la iglesia católica-romana ha venido realizando de unos años a la fecha. La libertad religiosa de la sociedad mexicana ha estado garantizada hasta el día de hoy por el artículo 24 constitucional vigente.

La intencionalidad de la reforma ha quedado registrada en el oprobioso Dictamen de la Cámara de Diputados aprobado en diciembre pasado, como ha quedado documentado de manera fehaciente, a pesar de los deplorables esfuerzos realizados para negar u ocultar tal trasfondo: mediante la reforma del artículo 24 constitucional y, en concreto, mediante la inserción en el texto constitucional de la expresión libertad de religión, se pretende sentar las bases para, después, modificar los pilares del Estado laico, en particular la educación laica (artículo 3º) y la separación del Estado y las iglesias (artículo 130), lo que necesariamente conduce al desmantelamiento del Estado laico. Son los grupos religiosos numéricamente minoritarios y, en particular, la niñez evangélica, quienes sufrirían las consecuencias de tal intencionalidad.

En consecuencia, la iniciativa de reforma del artículo 24 constitucional está viciada en su teleología, porque hay un propósito expreso en la misma que no es la ampliación de libertades, sino la cancelación de principios fundamentales del Estado laico, en aras de justificar privilegios clericales. Los promotores de tal reforma no han podido precisar qué nuevas libertades tendríamos los ciudadanos con ella, que no tengamos ya hoy. Por ello, esta situación encaja en lo que se identifica como falseamiento constitucional, consistente en que al cobijo de la libertad de religión, se pretende modificar el contexto de garantía de dicha libertad, que es precisamente el Estado laico. Lejos de ampliar libertades, lo que se procura es recobrar privilegios.

De nuestra parte, expresamos nuestro firme compromiso de continuar trabajando a favor de los derechos humanos y el Estado laico. Asimismo, refrendamos nuestra petición al Senado de la República para que apruebe la reforma del artículo 40 constitucional, a fin de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano, y que rechace la reforma del artículo 24 constitucional por las razones expuestas.

México, D.F., a 14 de marzo de 2012.
Atentamente,

Foro Civico Laico

Imagen que circula en las redes sociales Twitter y Facebook contra la reforma al Articulo 24 Constitucional #laicobloqueo

México, D.F.- “Laicidad del Estado Mexicano” es el nombre de la décima encuesta ejecutiva que fue realizada por la iniciativa Evolucionando México de Diálogos Logísticos… de Negocios y Tecnológicos, la cual se sustentó en 10 preguntas que se colocaron en Internet del 18 al 26 de febrero, contando con la participación de 157 mexicanos de diversos sectores

Notas sobre investigación:
Hábitos de consumo de Internet de ejecutivos mexicanos
54% padres de familia cambiarían su sueldo por pasar más tiempo con sus hijos

El 64 por ciento de los encuestados comentó que en las elecciones federales que se llevarán a cabo en julio próximo definitivamente no votarían por partido y/o candidato que apoye las reformas al artículo 24 Constitucional aprobadas en diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados, y que están en análisis en la Cámara de Senadores para su probable ratificación. Los que se oponen a estas reformas argumentan que va en contra del principio de Laicidad de nuestro país.

Por su parte el 14 por cierto indicaron que si votarían por un partido y/o candidato que apoye estos cambios, en los que se prevee una revisión del artículo 3º que trata de la educación laica y el 130 en el que se establece la separación del Estado y las Iglesias, tal como lo comentó la Cámara de diputados; con lo que se permitirá que la Iglesia Católica imparta clases de religión en escuelas públicas.

Al cuestionárseles si estaban enterados de las reformas al artículo 24 Constitucional de la Carta Magna de México fue aprobada, los encuestados contestaron:

• 45 por ciento de los mexicanos desconocían que la reforma .
• 11 por ciento comentó que estaba más o menos informado.
• 44 por ciento dijo si conocerlas.

Después se les hizo la pregunta, ¿Estaría usted de acuerdo en que México se convierta nuevamente en un Estado Confesional-clerical?

• 85 por ciento de los mexicanos no estuvieron de acuerdo con ello.

Además se les cuestionó si creían conveniente que dentro de la Educación Pública de México se impartan clases de religión:

• 71 por ciento indicó que no.
• 23 por ciento contestó que sí.
• 3 por ciento que tal vez.
• 3 por ciento no contestó.
• Los que lo creen conveniente, las razones que indicaron fueron: 59 por ciento para fomentar y retomar valores, moralidad y respeto; 21 por ciento aprender diferentes religiones por cultura general; 13 por ciento por la conciencia a la educación;  y con el 8 por ciento otras razones, sin especificación.
• Las razones de los que contestaron que no fueron: 13 por ciento dijo que debemos ser libres pensadores, la religión perjudica, es fundamentalista, tendenciosa, genera racismo, acota el pensamiento, no es ciencia, ni cultura;  23 por ciento la religión es decisión personal-familiar y se debe enseñar en templos; respeto a la libertad de cultos, religiones y de no creyentes  con el 26 por ciento; respeto al Estado Laico, la educación le compete al Estado y debe ser laica, dar conocimiento, no adoctrinamiento con el 27 por ciento; 12 por ciento aseguró que evitar la injerencia de la Iglesia Católica, es un retroceso, regresar a la edad media y oscurantismo.

• 97 por ciento de los participantes aseguró saber lo que significa el concepto de Estado Laico.
• 1 por ciento no lo sabe.
• 2 por ciento más o menos.

Con respecto a la religión que profesan se determinó:

• 74 por ciento dijo ser creyente, 25 no creyente y uno por ciento no contestó.
• Del porcentaje de creyentes: 75 por ciento son católicos, 11 por ciento cristianos, 2 por ciento judíos, 2 por ciento testigos de Jehová, 2 por ciento Evangélicos, compartiendo el porcentaje de uno sin religión, Mormones, Budistas y Musulmanes; y el 4 por ciento no contestó.

http://www.merca20.com/85-de-los-mexicanos-no-desea-un-estado-clerical/

“Este ataque NO se debe entender como un ataque hacia la religión cristiana o sus fieles en todo el mundo, sino hacia la corrupta Iglesia Romana Apostólica y todas sus emanaciones”

ROMA (CNN) — Vatican.va, el sitio web oficial de la Santa Sede, no estaba en funcionamiento la tarde de este miércoles.

El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, confirmó a CNN que el sitio fue atacado, pero dijo que se encontrará “plenamente operativa” de nuevo en breve.

Anonymous, un grupo internacional de piratas informáticos, se atribuyó la responsabilidad por el cierre de sitio web de la iglesia.

“Anonymous ha decidido sitiar a su web en respuesta a las doctrinas, liturgias y los preceptos, absurdos y anacrónicos, que su organización con fines de lucro propaga en todo el mundo”, se lee en un comunicado subido al blog “ufficiale di Anonymous Italia”.

“Esto no tiene la intención de atacar a la religión cristiana o a los fieles en todo el mundo, sino a la corrupta Iglesia Apostólica Romana y todas sus acciones,” agregó el comunicado.

Un seguidor de Anonymous que está en contacto con los hackers y que tiene conocimiento del plan, dijo a CNN que los piratas informáticos dentro de Anonymous Italia y AntiSec fueron los responsables de cierre de la página web de la iglesia. AntiSec Anons se describen como las “fuerzas especiales” del colectivo.

La fuente confirmó la declaración en el sitio web del hacker italiano.

“No es un ataque personal contra los cristianos, solo al mismo Vaticano”, dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato para proteger su identidad dentro del grupo.

Anonymous Italia también citó las enseñanzas de la Iglesia católica sobre el control de natalidad y el aborto y la forma en que manejaron los casos de escándalos de abusos sexuales como otras razones para el ataque.

El brazo estadounidense de Anonymous ha atacado a agencias gubernamentales y corporaciones, pero nunca antes a alguna organización religiosa. El grupo se atribuyó la responsabilidad por la intervención de una llamada telefónica del FBI con sus homólogos irlandeses y ataques ocurridos entre diciembre de 2010 y junio de 2011, que incluyó ataques de denegación de servicio contra los sitios web de Visa, MasterCard y PayPal.

Una denegación de servicio (ataque DoS) por lo general implica el uso de un gran número de equipos a sitios web que bombardean con solicitudes falsas de información, haciendo que el sitio a cerrar temporalmente.

El martes, los miembros principales del grupo de hackers y otros integrantes fueron arrestados y acusados después de una investigación de varios meses, que fue asistida por uno de los jefes de grupo que trabajó como informante secreto del gobierno. El informante del FBI, “Sabu”, era parte de la élite de hackers del grupo AntiSec.

Susan Candiotti contribuyó a este reporte.   

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2012/03/07/el-colectivo-anonymous-bloquea-el-sitio-de-internet-del-vaticano